Pese a la reforma legal, algunos independentistas catalanes seguirán inhabilitados / Foto: Josep Lago - AFP/Archivos
Pese a la reforma legal, algunos independentistas catalanes seguirán inhabilitados
El Tribunal Supremo español revisó la sentencia de los nueve independentistas catalanes condenados por el intento de secesión de 2017, e indultados parcialmente después, y mantuvo la pena de inhabilitación para cuatro de ellos, pese a la reforma del Código Penal impulsada por el gobierno de izquierdas.
Entre los que seguirán sin poder optar a un cargo público -en su caso, hasta 2031-, destaca Oriol Junqueras, vicepresidente del ejecutivo catalán que encabezaba Carles Puigdemont, y condenado después a 13 años de cárcel por sedición y malversación.
Como al resto de condenados, que pasaron más de tres años en prisión, los magistrados del Tribunal Supremo aplican a Junqueras la derogación del delito de sedición, aprobada en diciembre por el Parlamento español, que en la mayoría de casos es sustituido por el de desobediencia, con penas menores, de acuerdo a la decisión publicada este lunes.
El influyente presidente de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) no se beneficia, sin embargo, de la reforma del delito de malversación, ya que los jueces consideran que la gravedad del supuesto desvío de fondos públicos para financiar acciones como el referéndum de autodeterminación de 2017, declarado ilegal, no puede disfrutar de ninguna rebaja.
Junqueras, como los otros tres condenados por ambos delitos, no podrá presentarse así a ningunas elecciones hasta la próxima década. Los cinco expresos restantes, con sentencias solo por sedición, ya podrán regresar a la vida pública.
"Hemos vuelto a ver cómo los jueces quieren dejar en papel mojado la intención del legislador. Eso es lo que hacen con la revisión de esta sentencia", lamentó la portavoz de ERC, Marta Vilalta, tras conocer la decisión del Supremo.
Pero los reproches a la controvertida reforma del Código Penal -impulsada por el gobierno del socialista Pedro Sánchez en acuerdo con ERC, de quien recibe apoyo en el Parlamento español- no dejan de sucederse.
La medida despertó fuertes críticas de los partidos de la oposición, e incluso dentro de las mismas filas socialistas, ante lo que consideraban una peligrosa concesión del Ejecutivo a sus socios parlamentarios secesionistas.
Los propios magistrados, lamentan en el documento que, tras la derogación de la sedición, hechos como los de 2017 pueden quedar ahora impunes.
Desde su llegada al poder al año siguiente, Sánchez hizo de la distensión en Cataluña uno de sus objetivos y no tardó en retomar el diálogo con el gobierno de esta dinámica región del noreste español. En junio de 2021 dio un paso más e indultó las penas de prisión de los nueve líderes que cumplían condenas de 9 a 13 años de cárcel.
(P.Werner--BBZ)
