Discordia entre el Ejecutivo español y la justicia por la citación a declarar a Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró este miércoles dispuesto a declarar en la causa contra su esposa Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, pero solo por escrito y no en persona, como lo demanda el juez.
La investigación a Gómez, que el Ejecutivo tacha de "causa política alentada por la derecha y por la ultraderecha" para "erosionar al Gobierno progresista", volvió este miércoles a centrar el debate político en España, donde la oposición de derecha pide la dimisión del jefe del Ejecutivo.
En un escrito oficial enviado este miércoles al juez Juan Carlos Peinado, a cargo de la instrucción en un tribunal madrileño, el mandatario socialista, quien siempre ha defendido la inocencia de su esposa, manifestó su voluntad de "colaborar" con la justicia.
Pero señaló que en tanto presidente del Gobierno su "declaración se deberá presentar por escrito".
En su citación, conocida el lunes pasado, Peinado indicó que le tomaría declaración a Sánchez en su condición de esposo de la investigada y no como jefe del Ejecutivo, y que por lo tanto lo haría en persona, desplazándose el próximo martes por la mañana hasta el palacio de la Moncloa, la sede del Gobierno.
"Es notorio que mi comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente del Gobierno", rebatió en su escrito Sánchez, quien estimó que el juez "compartirá la necesidad del máximo respeto" a "lo establecido por la ley (...) respecto a la institución del presidente del Gobierno".
"El presidente del Gobierno es presidente del Gobierno las 24 horas del día, los siete días de la semana", por lo que si "tiene que declarar", la "única forma posible, conforme al ordenamiento jurídico, no es otra que por escrito", secundó en rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también magistrado.
- "Subterfugios" -
El juez Peinado, que en su citación dijo que pretendía grabar la declaración, debe ahora responder al escrito de Sánchez.
La defensa de Gómez recurrió el requerimiento a Sánchez para declarar, al igual que lo hizo la Fiscalía, que cuestionó su "utilidad" y "pertinencia", principalmente por el hecho de que en España ninguna persona está obligada a testificar contra su cónyuge.
La oposición de derecha no tardó en criticar la solicitud de Sánchez de declarar por escrito, calificándola de otro de sus "subterfugios" para no dar explicaciones públicas.
"Es evidente que si Pedro Sánchez estuviese tan convencido de la inocencia de su esposa (...) comparecería públicamente y daría cuenta de todo lo sucedido", señaló en la cadena Telecinco Miguel Tellado, portavoz parlamentario del conservador Partido Popular, principal formación de la oposición.
Gómez, especializada en la recaudación de fondos, sobre todo para fundaciones y oenegés, es sospechosa de haber aprovechado el cargo de su marido en sus relaciones profesionales, en particular con Juan Carlos Barrabés, un empresario español que obtuvo ayudas públicas y que también está investigado.
- Causa "sin objeto alguno" -
Convocada por el tribunal el viernes pasado, Gómez se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, alegando que el procedimiento en su contra "carece de objeto alguno", según señaló su abogado Antonio Camacho.
Barrabés -que da clases en un máster de la Universidad Complutense de Madrid dirigido por Gómez- admitió haberse reunido con la esposa de Sánchez cinco o seis veces en la Moncloa, dos de ellas en presencia del presidente del gobierno, pero dijo que se limitaron a tratar temas de innovación.
La investigación se abrió a raíz de una denuncia de Manos Limpias, un colectivo cercano a la extrema derecha, que reconoció haberse basado exclusivamente en artículos de prensa. Una segunda asociación, Hazte oír, se sumó posteriormente a la causa.
Peinado, un juez de 69 años que ha instruido otras causas polémicas anteriormente, ha seguido adelante con la investigación, pese a dos informes de la Guardia Civil que no hallaron irregularidades por parte de Gómez y contra la opinión de la Fiscalía, que ha pedido el archivo del expediente.
Cuando se conoció la causa a finales de abril, Sánchez sorprendió a todo el país al anunciar que estaba considerando renunciar. Tras cinco días de reflexión, decidió mantenerse en el poder.
Si se concreta su declaración, Sánchez será el segundo presidente del Gobierno español en activo en declarar como testigo ante un juez, después del conservador Mariano Rajoy, que lo hizo en persona en 2017 durante un juicio por corrupción contra su Partido Popular.
(S.G.Stein--BBZ)
