Berliner Boersenzeitung - Lula y Petro plantean nuevas elecciones en Venezuela; oposición pide a Maduro aceptar "transición"

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Maduro ganador de los comicios del 28 de julio con 52% de los votos, aunque no ha publicado hasta ahora detalles del escrutinio, al alegar que ha sido blanco de un "ataque ciberterrorista".

La oposición, liderada por María Corina Machado, publicó en un sitio web copias de más del 80% de las actas escrutadas, que asegura prueban la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, con 67% de los votos.

"Le hago un llamado a Nicolás Maduro: respete la voluntad del pueblo venezolano, usted está jugando con la vida de millones de compatriotas. Cada día que pasa sin una solución política, la economía del país se deteriora más y más", dijo González en un video que divulgó en redes sociales, en el que acusó al gobernante socialista de llevar al país a un "abismo económico y social" al bloquear un cambio político.

"Venezuela merece un futuro de estabilidad, prosperidad y paz, pero para lograrlo es imprescindible respetar la voluntad del pueblo y permitir la transición", agregó el diplomático de 74 años, quien lleva días sin aparecer en público tras amenazas de cárcel.

Frente al planteamiento de nuevas votaciones de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, Machado consideró que "plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio" es "una falta de respeto".

"La soberanía popular se respeta, las elecciones tuvieron lugar y la sociedad venezolana se expresó", dijo la dirigente en una rueda de prensa virtual.

Maduro, que acusa a González y Machado de intentar un "golpe de Estado" y pidió el arresto de ambos, no se refirió directamente a la propuesta de sus pares de Brasil y Colombia, pero insistió que Venezuela "es un país independiente".

"Los conflictos que hay en Venezuela (...) se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su Constitución", expresó.

El mandatario pidió a la corte suprema "certificar" los comicios. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de América Latina desconocen su reelección.

La justicia venezolana es acusada de servir al gobierno.

- "Garantías totales" -

En medio de un pedido mundial por un escrutinio más transparente, Brasil y Colombia lideran los esfuerzos para destrabar la crisis poselectoral que llevó a protestas en las que se han registrado 25 muertos y más de 2.400 detenidos.

Lula sugirió en una entrevista celebrar nuevas elecciones con "la participación de todos los candidatos (...) y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones".

En la misma línea, Petro pidió en X "nuevas elecciones libres" con "garantías totales a la acción política" y el "levantamiento de todas las sanciones" de Estados Unidos contra Venezuela.

"Nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono", replicó Maduro a la prensa oficial. "Nunca voy a decir: 'Colombia, su gobierno debe hacer esto' y sacar en mis redes sociales un consejo, no. Cada presidente sabe, cada Estado, cada país, qué debe hacer con sus asuntos internos".

Estados Unidos insistió por su parte en que es "absolutamente claro" que el opositor resultó vencedor de los comicios, en una aparente retracto de un comentario previo del presidente Joe Biden en el que decía apoyar nuevas elecciones.

"Yo rechazo, plena y absolutamente, que el gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela", respondió Maduro.

México, que también era protagonista en esta iniciativa, comenzó a marcar distancia del tema, a la espera del fallo de la corte suprema.

- Ofensiva legislativa -

El Parlamento venezolano, en tanto, aprobó el jueves por unanimidad una ley para fiscalizar a las oenegés, iniciativa que activistas temen restrinjan derechos civiles. Estas organizaciones son blanco frecuente de ataques desde el poder.

El texto forma parte de un paquete de leyes que Maduro pidió acelerar, que también incluye una para regular a las redes sociales y otra para castigar "el fascismo", término que suele usar el chavismo para referirse a la oposición.

La nueva ley obliga a las oenegés a inscribirse en un registro estatal y hacer una "relación de donaciones", especificando si los fondos son nacionales o extranjeros. Su incumplimiento implica multas que pueden alcanzar 10.000 dólares y sanciones que llegan a la disolución.

"Legaliza la persecución hacia la sociedad civil", cuestionó en X la ONG de derechos humanos Provea.

(G.Gruner--BBZ)